MODULO III Transformación Productiva y competitividad:

Los aspectos microeconómicos del desarrollo

(Productividad y transformación sectorial)

ECONOMIA POLÍTICA DE LOS PRECIOS RELATIVOS. UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE LA REFORMA AGRARIA PARA EL DESARROLLO

Resumen

La presente ponencia intenta demostrar la importancia que tiene para el desarrollo, entendido como las condiciones materiales del bien-estar social e individual, la democratización de la propiedad de la tierra, del crédito y de la asistencia técnica y social para la población campesina. Se propone una «Reforma Agraria Integral» como la reorganización económica en el campo que tendría incidencia positiva sobre la productividad, la transformación sectorial y la construcción de las bases, estables y democráticas, del desarrollo. Implica asimismo una crítica a la actual visión de la promoción agraria impulsada por el actual gobierno, fundamentada en la agroexportación y el latifundio, debido a que el problema agrícola es de carácter estructural y estratégico.

Se concluye, a partir del enfoque Hayami-De janvry, la necesidad de establecer una verdadera política pública de lo rural, incluyente y social, que solucione el atraso del sector agrario y que permita la puesta en marcha de su potencial económico para el desarrollo.

Abstract

The present paper tries to demonstrate the importance that the democratization of the property of the land, of the credit and of the technical and social assistance for the rural population has for the development, understood as the material conditions of the social and individual well-being. It propose "Agrarian Integral Reform" as an important economic reorganization in the field that would have positive effect on the productivity, the transformation of this economic sector and the construction of the bases, stable and democratic, of the development. It implies likewise a critique to the current vision of the agrarian promotion stimulated by the current government, based on the agrarian exportation and the large estate, due to the fact that the agricultural problem is of structural and strategic character.

One concludes, from the approach Hayami-De Janvry, the need to establish a real public policy of the rural, enclosing and social thing, which solves the lag of the agrarian sector and which allows the putting in march of its economic potential for the development.

Palabras Clave: economía política, desarrollo, pensamiento económico, reforma agraria y transformación productiva.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el momento en que Colombia logra su independencia definitiva de España en 1819 y se establece como un Estado soberano, inicia diversos esfuerzos por materializar el desarrollo económico a través de diferentes estrategias. Sin embargo, dos siglos después los resultados son bastante irrisorios, habiendo incluso periodos de retroceso. Esto debido, en parte, a que la independencia fue política pero no social, se mantuvieron las estructuras sociales de la colonia, al igual que las relaciones de propiedad sobre la tierra y las formas de dominación extraeconómicas del trabajo (Restrepo, 2005).

Asimismo, el capitalismo desplegado en Colombia es dependiente y deformado, convive con relaciones precapitalistas de producción y su producción es determinada por el mercado externo que representa las necesidades de los países más industrializados. En el campo subsiste el arrendamiento y la aparcería relacionada con el latifundio; en la industria y el comercio, no hay la formación de una verdadera clase capitalista, modernizante e innovadora, sino esencialmente captadora de renta sobre mercados cautivos que posteriormente abre ante la limitación del mercado interno como mecanismo de acumulación (Misas, 2002).

El presente trabajo parte de la hipótesis de considerar que los problemas no resueltos en el campo han generado efectos desastrosos no sólo en la agricultura sino en el conjunto del desarrollo económico y social del país. Por lo tanto, una condición fundamental para poner en marcha las fuerzas dinamizadoras del desarrollo consiste en solucionar el problema de la propiedad de la tierra y del abandono rural.

El campo y la agricultura se enfrenta con el atraso y la pobreza crónicos cuya solución no es sencilla. La agricultura, convertida en la cenicienta del desarrollo, se ha visto perjudicada por políticas tendientes a favorecer la industria y el espacio urbano, esto debido a la concepción errónea del desarrollo económico como un mero traspaso mecánico de recursos de la agricultura hacia sectores más “dinámicos”: potencial de crecimiento, mayor demanda y generadores de valor agregado y empleo.

Cada gobierno ha planteado sus respectivas políticas a corto plazo, inarticuladas y carentes de una visión global de la problemática a largo plazo. Como lo destacara Jesús A. Bejarano, solamente han existido en dos ocasiones una visión a largo plazo respecto al problema agrario: en los años 20, la búsqueda de un modelo alternativo al agroexportador que impedía el desarrollo industrial a causa de la rigidez en la producción de alimentos y el consecuente aumento del nivel de precios; y en los años 60, Lleras Camargo establece estrategias con el objeto de mantener la población rural en el campo previendo un exceso de mano de obra en la ciudad a través de la Ley 135 de 1961, pero cuyo fracaso se debió al mantenimiento del latifundio que ya había acumulado las tierras aptas (Bejarano, 1978). Por lo demás, los diferentes gobiernos han configurado una colcha de retazos, haciendo tabla rasa sobre los programas agrarios que les precedieron.

Cabe anotar que en las primeras escuelas del pensamiento económico el problema agrario fue discutido ampliamente. Para los fisiócratas el excedente neto de la producción agrícola constituye la base sobre la cual se establece el edificio económico. La economía clásica consideraba que el sector agrícola, además de productor de bienes y servicios primarios, ocupa un lugar estratégico en la economía. Genera el flujo necesario de alimentos, mano de obra, materias primas, inversión y bienes intermedios para el desarrollo industrial, no limitado solamente a la ciudad sino también al campo. La política agraria, en consecuencia, consiste en garantizar las condiciones adecuadas de desarrollo en el campo para el suministro de alimentos para la población y el flujo necesario de materias primas¹ para el funcionamiento del sistema económico.

Para Marx, el sector agrario hace parte del modelo de reproducción ampliada del capital, y como tal, se establecen relaciones capitalistas de producción, caracterizadas por la modernización de la producción agraria: proletarización de la mano de obra, surgimiento de un mercado de tierras, migración campesina del campo a la ciudad² y subordinación de los mercados rurales a la producción industrial urbana.

Con el surgimiento de la teoría marginalista se pierde el fructífero y profundo análisis de los clásicos y de Marx: el sector agrario es considerado un mercado más en donde la intervención estatal es nociva, a excepción de corregir fallas o distorsiones en la asignación de los recursos. El papel del Estado se limita a crear y mantener las condiciones de estabilidad en los mercados y el equilibrio macroeconómico.

A partir de los años setenta del siglo XX se rescata el aporte positivo sobre el desarrollo que tiene la agricultura por sí misma y las condiciones favorables que genera al sistema económico. Es precisamente el objetivo de la presente ponencia replantear la importancia del desarrollo agrícola como componente fundamental del desarrollo económico en general y formular soluciones integrales, coherentes y sostenibles a largo plazo.

Con este propósito se estudia el modelo de innovación inducida del desarrollo agrícola formulada por Yujiro Hayami y Vernon Ruttan como base explicativa del desarrollo y hoja de ruta de la política pública, superando a su vez los limitantes del modelo hacia la perspectiva de economía política planteada por Alain De Janvry. El primer modelo responde a la tradición neoclásica mientras el segundo a la economía radical de inspiración marxista. Antes que enfoques contradictorios, con el fin de dilucidar los problemas estructurales del país, se consideran complementarios. Se propone, a manera de conclusión, una Reforma Agraria Integral -democrática, social e incluyente- como componente indispensable para la transformación sectorial y el desarrollo.

Ahora bien, a pesar de que la población rural ha perdido peso relativo en la población total (30%), el número absoluto de habitantes en el campo se ha incrementado continuamente en los últimos cincuenta años, pues pasó de seis millones de habitantes en los años cincuenta a doce millones en la actualidad. Por esta razón, es imperiosa la necesidad de elevar el nivel de vida material y cultural de la población campesina en lo que respecta a salud, educación, empleo, servicios básicos y alimentación. También, es crucial solucionar las causas históricas del actual conflicto social y político que enfrenta hoy la sociedad colombiana.

Recientemente el Banco Mundial publicó un estudio titulado Más allá de la ciudad: la contribución del campo al desarrollo, donde renueva el debate en torno a los temas agrícola y rural. Una primera conclusión es resaltar el verdadero tamaño del sector rural y la subvaloración económica que ha sufrido por parte de los entes gubernamentales, al igual que se subestima la población rural que para el Banco Mundial puede llegar al 39% de la población colombiana. La subestimación del aporte al crecimiento también lleva al abandono social del mismo. La recomendación del BM para que el crecimiento agrícola se más “propobres” es propender un acceso integrado a activos como la tierra, la infraestructura, el capital humano y el crédito.

El informe concluye que las asignaciones del gasto público al sector agropecuario son inferiores a la contribución de éste al crecimiento. Pero eso no es el mayor problema, pues el escaso gasto público es sesgado a favor de grupos específicos de productores y en contra de la entrega de bienes públicos, como educación, salud, infraestructura, etc. En Colombia, del total del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para inversión se destina 34% al fondo de comercialización que beneficia a los productores de maíz, algodón y arroz. Sumado al 18.1% correspondiente a la ayuda del sector caficultor, se tiene que del total del presupuesto ($248.832 millones para 2005), 52.1% está dirigido a solo cuatro productos (Cuéllar, 2005).

La ponencia consta de cinco secciones, incluyendo la presente introducción. En la siguiente sección se establece el marco teórico en torno al problema agrario y el desarrollo. Se expone asimismo el modelo de Innovación Inducida del Desarrollo Agrícola de Hayami y Ruttan y el análisis de economía política del desarrollo rural de Alain De Janvry, estableciendo asimismo un enfoque alternativo, denominado “economía política de los precios relativos”. En la tercera sección se busca identificar las causas del fracaso permanente de las reformas implementadas en el campo para su desarrollo. Posteriormente, se plantea la relación entre la Reforma Agraria Integral y el desarrollo. Finalmente, se presenta la conclusión y sus respectivas recomendaciones.

2. MARCO TEORICO

La economía del desarrollo es relativamente reciente como una rama independiente del análisis económico, sus primero desarrollos vienen de la década del cincuenta. La historia de este campo se divide en dos: primero, de 1950 a 1970, segundo, posterior a 1970. En el primer periodo el desarrollo es concebido como el crecimiento cuantitativo de variables como el PIB y el crecimiento per cápita del ingreso. Se considera el papel de la agricultura marginal en el crecimiento y, con frecuencia, se relacionó el desarrollo con la disminución relativa del producto agrario en la producción global, lo mismo que con el empleo de mano de obra. La política agraria, por tanto, formulaba la búsqueda de mecanismos para facilitar el traslado de recursos, capital y mano de obra, de la agricultura a la industria. La agricultura era considerada como una simple caja negra.

El artículo de Arthur Lewis de 1954, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, cimentó bastante la concepción agraria de este periodo. El modelo de Lewis consiste en mostrar la expansión económica bajo equilibrio general con dos sectores: un sector de intercambio capitalista y un sector no capitalista. El sector capitalista, a través de la reinversión de las utilidades, facilitaba la expansión del capital y absorbía progresivamente al sector no capitalista (asociado generalmente al sector agrícola). De esta manera, la transferencia de factores, capital y trabajo, debía hacerse lo más rápida posible como estrategia del desarrollo. De esta manera, pocos economistas prestaron atención al sector agrícola.

Adicionalmente, dos influyentes trabajos desarrollados en América Latina reforzarán esta concepción. El primero, la tesis desarrollada por la CEPAL, en cabeza de Raúl Prebisch, según la cual, la especialización en la producción de productos primarios en el mercado internacional por parte de los países latinoamericanos genera una situación de intercambio desigual y, por ello, los esfuerzos deben enfocarse a la industrialización por sustitución de importaciones. El segundo, se relaciona con el libro de Hirschman, “The Strategy of Economic Development” de 1958, donde expone que el efecto multiplicador de la inversión, entre insumos y producto, es mayor en la industria que en la agricultura, dando prioridad, en conclusión, a la industria como sector líder en la economía y fuente de crecimiento y empleo (Staatz, 1998).

Al respecto Johston comenta: «Esta preocupación por la ‘mano de obra excedente’ parece haber alentado con frecuencia la negligencia sobre el sector agrícola así como una tendencia a suponer con demasiada rapidez que un excedente puede y debe extraerse de la agricultura, en tanto se descuidan los difíciles requisitos que se deben cumplir si la agricultura ha desempeñar un papel positivo para facilitar el crecimiento económico global» (Johnston, 1975, 378).

El artículo de Johnston y Mellor de 1961, “The Role of Agriculture in Economic Development”, resalta, a partir del modelo de Lewis, la importancia que no se le había reconocido a la agricultura como una fuerza motivadora en el desarrollo. Sin embargo, se limitó el sector agrario a cumplir simplemente funciones subordinadas a la industria, por este motivo, se le conoce como el enfoque funcionalista del desarrollo.

El segundo periodo, posterior a 1970, surge como necesidad de explicar los resultados insuficientes y los efectos colaterales en derechos sociales y políticos de la estrategia implementada en los años cincuenta y sesenta, basada en los modelos de Lewis y de Johnston y Mellor; además de responder las críticas por parte de la economía radical al sistema capitalista como causante directo de la problemática, no sólo agraria, sino económica y social de Latinoamérica.

Los beneficios del crecimiento de estas décadas generalmente no llegaban a la población más pobre y los indicadores básicos, como salud, educación, nivel nutricional y acceso a agua potable, seguían estacionarios e incluso retrocedían. La principal preocupación de los economistas es, entonces, además del crecimiento económico, la creación de empleo bien remunerado y una más justa distribución del ingreso. Ahora, para la agricultura, más allá de una simple caja negra o cumplir determinadas funciones, es imprescindible su desarrollo para elevar el nivel de vida en las zonas rurales que significaría el aumento de la demanda por bienes agrícolas e industriales en un círculo virtuoso. Además de prevenir la migración indiscriminada del campo a la ciudad, incapaz de ser absorbida por la industria.

Ruttan y Hayami plantean el modelo conocido como de “Innovación Inducida del Desarrollo Agrícola” de 1971 y 1978. Hasta el momento de divulgar este modelo, y a pesar de considerar al sector agrícola como elemento importante del crecimiento, el cambio técnico y la adopción de nueva tecnología en la agricultura se consideraba exógeno a la misma, y por tanto, el interés del crecimiento agrícola en sí era exiguo. Por el contrario, el modelo de Innovación Inducida considera endógeno el cambio técnico al proceso de desarrollo agrario. Implica que el sector agrícola genera su propia dinámica de crecimiento que demanda bienes de consumo y capital, y como tal, permite el desarrollo del agro como benéfico en sí, para la población rural y el crecimiento global de la economía.

Siguiendo las ideas propuestas por Hicks, analizan la sustitución de factores relativamente escasos por factores relativamente abundantes. Llaman “tecnologías economizadoras de mano de obra” las que facilitan la sustitución de mano de obra por otros insumos (tierra o capital) y “tecnologías economizadoras de tierra” las que facilitan la sustitución de tierra por otros insumos (mano de obra o capital). Asimismo, se llama “tecnologías economizadoras de tierra” aquellas que permiten sustituir tierra por capital o trabajo. La abundancia y escasez relativa de un factor de producción es reflejada en los precios, siendo menor en el primer caso y mayor en el segundo. Las unidades productivas al buscar mecanismos de reducir costos despliegan tecnologías donde aprovechen el insumo productivo abundante al sustituirlo por el insumo escaso y generando el cambio técnico, es decir, la innovación es endógena o inducida.

De esta manera, si el insumo escaso en la economía es la mano de obra y el abundante relativo es el capital, las unidades productivas implementarán la compra de maquinaria y amplían el área cultivable con el objeto de economizar mano de obra cuyo salario será muy elevado. Si el factor escaso es la tierra se busca el óptimo rendimiento por área sembrada. De manera análoga, si existe mano de obra relativamente abundante el capital pierde importancia y al producción es mano de obra intensiva. Ahora bien, como sustituir un factor por otro implica el desarrollo de nuevas tecnologías para lograrlo, se produce un círculo virtuoso al conjunto de la economía. Si la mano de obra es escasa y se sustituye por capital, impulsa entonces el sector industrial de bienes intermedios y de capital, o en caso contrario, adquiere relevancia el capital humano y la habilidad de la mano de obra.

En consecuencia, el desarrollo no se limita a una sola vía o trayectoria sino que existen diversos caminos por donde se patentiza el crecimiento agrícola y el camino óptimo elegido por una sociedad dependerá de sus condiciones particulares. Como ejemplo, los Estados Unidos ante la escasez relativa de mano de obra, fundamentó su desarrollo agrícola en la implementación de maquinaria y fertilizantes que generó a su vez un sector industrial dinámico. Otro ejemplo es el Japón, donde la tierra es muy escasa y los esfuerzos técnicos se han enfocado al desarrollo de variedades de grano de alto rendimiento con el fin de sustituir tierra, generando innovación biológica (Hayami, 1971). Por último, la producción cafetera en Colombia se caracteriza por una geografía agreste que no permite la utilización de maquinaria a gran escala, siendo por ello necesario desarrollar tecnologías intensiva en mano de obra y sustitutivas de capital. En el Gráfico 1 se muestra la trayectoria del crecimiento económico trazada por Estados Unidos, Japón y Europa durante el siglo XX (Hayami y Ruttan, 1978).

Gráfico 1.

Q / L

EE.UU.

Japón

Europa

Q / T

FUENTE: Hayami y Ruttan, 1971

Teniendo en cuenta las particularidades ya expuestas, se observa que Estados Unidos siguió una trayectoria a través de la cual, a medida que transcurre el tiempo, la proporción entre la relación producto (Q) / trabajo (L) y la relación producto (Q) / tierra (T) es mayor a favor de la primera relación, es decir, una mayor productividad del trabajo al hacer intensivo el uso del capital, de los fertilizantes y del área sembrada. Sucede lo opuesto en Japón en donde el factor tierra es utilizado con alto nivel de productividad. Europa, por su parte, sigue una trayectoria “neutra” en la cual ningún factor presenta una escasez relativa frente al otro. En síntesis, las innovaciones técnicas que ahorran los factores de oferta inelástica, o de cambio más lento en la oferta, son más provechosos para la producción agrícola.

El mecanismo de innovación inducida en la agricultura son las unidades productoras minimizadoras de costos, es decir, la empresa privada. Los autores, sin embargo, reconocen también el papel desempeñado por el sector público en la financiación de programas de investigación en las universidades estatales que recogen las necesidades de los agricultores con base en sus propias condiciones de producción. Ahora bien, es necesario establecer un conjunto eficaz de incentivos como recompensa (bien sea material o de prestigio) a los investigadores, científicos y administradores que por sus contribuciones den solución a los problemas sociales.

En este punto, el argumento expuesto brinda dos soluciones relativamente sencillas para el crecimiento agrícola: precios correctos (ausencia de distorsiones) que reflejen la escasez relativa de los factores utilizados en la producción e investigación científica en universidades y centros, privados y/o públicos, en respuesta al cambio de los precios relativos.

Sin embargo, la solución no es así de sencilla. La economía radical –de origen marxista- plantea que el problema agrario es un problema de economía política, de resolver el interrogante de la distribución de los beneficios derivados del crecimiento y de las relaciones de dependencia con los países capitalistas desarrollados. La principal hipótesis de esta corriente es que el subdesarrollo no es “ausencia de desarrollo” sino la consecuencia misma de la expansión del sistema capitalita. Por lo tanto, el pleno desarrollo capitalista amplio en los países del tercer mundo es imposible sin cambios violentos en las instituciones sociales y políticas. La economía radical enfocada al análisis del sector agrario tiene su origen en los escritos de Lenin sobre el Imperialismo y de Kautsky. Posterior a la segunda guerra mundial es influyente el trabajo de Paul Baran (Staatz, 1998).

El principal limitante del modelo de “Innovación Inducida” radica en que su construcción responde a las condiciones de los países desarrollados, caracterizados por una democracia fuerte y un desarrollo independiente. Como lo anota George Beckford -citado por De Janvry-, esas condiciones no se cumplen en la mayoría de países de bajos ingresos y el modelo se refiere más al crecimiento agrícola que al desarrollo, al ignorar el problema distributivo del aumento en la producción agrícola. Además, la mayor parte de la evidencia empírica de los países del tercer mundo no apoya la hipótesis enunciada en el modelo, mas no significa por ello invalidar el aporte del mismo que la economía radical ha subvalorado.

La presente ponencia sostiene que las aparentes discrepancias del modelo “Innovación Inducida” se deben a la distorsión provocada por la configuración social al interior de los países del tercer mundo y su relación de dependencia en el escenario del capitalismo mundial. Por tal motivo, es necesario realizar un análisis de economía política que dé cuenta del desarrollo agrario en América Latina y establecer guías de política para encontrar la “trayectoria adecuada”, más allá de “obtener precios correctos”. Siguiendo a Beckford, el desarrollo agrícola se entiende en el contexto institucional de cada país, pero también en términos de la relación entre la economía rural de América Latina y la del resto del mundo, expuesto por Alain De Janvry.

De Janvry resalta que no puede entenderse el atraso de la agricultura en América Latina si no se estudia la articulación de este sector en dos escenarios: al interior de los países e internacionalmente. No son aspectos independientes uno de otro, están íntimamente imbricados y conforman una misma realidad: en América Latina se conservó la estructura de la propiedad agraria y con ella las relaciones sociales y políticas correspondientes al interior de cada país. La clase terrateniente consolidó su poder político, y con éste impulsó el monocultivo de materias primas y alimentos destinados al mercado externo como condición para la viabilidad económica del latifundio, reproduciendo a su vez las relaciones sociales y políticas correspondientes. La demanda de productos suntuarios y manufacturados por parte de las clases de ingresos altos se suplía mediante la importación de los mismos, y posterior a la década del 30, por el emergente sector industrial.

De esta manera, en el sector agrario, se genera una simbiosis entre mercado externo y condiciones sociales de atraso al interior, entre la clase terrateniente de los países latinoamericanos y el capital extranjero, primero británico y luego norteamericano, en donde la primera obtiene la perpetuación del sistema social del cual se beneficia y los ingresos para mantener un patrón de consumo similar al europeo; mientras el capital extranjero obtiene a bajos precios materias primas, recursos energéticos y bienes salarios que redunda positivamente en los procesos de acumulación en las economías desarrolladas.

Ahora bien, este modelo de acumulación creó ciertas trabas y contradicciones sociales al pleno desarrollo industrial en lo referente al reducido tamaño del mercado nacional y del valor de la mano de obra por los elevados precios de los bienes salarios. La época de la violencia y las numerosas guerras civiles, como los magnicidios de líderes como Rafael Uribe Uribe y la disputa entre Santander y Simón Bolívar, son el síntoma de la contradicción de dos modelos diferentes de acumulación, uno moderno, liberal, y otro tradicional, atrasado y conservador de privilegios sociales. Durante el siglo XIX e inicios del XX la puja laiberal/conservadora se mantiene en un constante péndulo a favor de uno y de otro, hasta que a mediados del siglo XX, tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, la violencia entre los dos partidos se desata en grandes proporciones. Con el pacto bipartidista del Frente Nacional y el aislamiento político de las guerrillas liberales que continuaron en el conflicto (o de los liberales “comunes” como les llamaría la dirigencia del partido) se consolidó un pacto político que de tiempo atrás era más o menos tácito. En lugar de una lucha intestina entre las clases dirigentes se definió repartir el poder político, y con éste, el poder económico: la clase industrial respetaría el latifundio terrateniente a cambio de la disposición de las divisas -producto de la exportación de bienes primarios- necesarias para la importación de maquinaria y el desarrollo industrial sustentado en el mercado interno protegido. Este modelo de acumulación funcionó bastante bien hasta la década del setenta, pero se agotó debido al copamiento del mercado, la oligopolización precoz y la escasez de divisas por la caída en los precios del café (Misas, 2002).

El modelo de apertura cambio la forma de la alianza terrateniente/industrial pero no su esencia. Ante la estrechez del mercado el capital acumulado por los grandes consorcios económicos necesita expandirse hacia fuera, y a su vez, para la clase terrateniente la posibilidad de exportar con mayores preferencias la producción latifundista de monocultivo a costa de la producción campesina.

En conclusión, el capitalismo en América Latina y Colombia se ha desenvuelto en medio de relaciones semifeudales de producción, manteniendo condiciones de atraso junto a sectores más dinámicos pero incapaces de absorber el grueso de la población proletaria y modernizar el conjunto de la sociedad, es decir, es un capitalismo deformado que logra mantenerse gracias a la conexión con el mercado externo articulándose como periferia en la economía global.

El subdesarrollo no se define entonces como la “falta de desarrollo” sino como un desarrollo truncado o deformado. El primer punto de análisis consiste en caracterizar la configuración económica al interior del país como una economía periférica. De Janvry define la periferia como «el espacio económico que se caracteriza por una tecnología en retroceso con niveles por tanto bajos de remuneración de la fuerza de trabajo y/o por una tecnología desarrollada con poca capacidad para absorber el grueso de la población dentro del sector moderno. Estas enormes masas humanas creadas por el mismo proceso de crecimiento económico constituyen los “marginados”» (De Janvry, 1975, 104). Estos marginados, incapaces de insertarse en el sector moderno y dinámico de la economía, sobreviven por medio del minifundio, la producción campesina de subsistencia y la informalidad. De tal manera, convive la forma capitalistas de producción (industrial, moderna, urbana, innovadora y de salarios altos) junto con un sector estancado tecnológicamente, con ingresos al límite de la subsistencia, sin servicios sociales básicos e inmersa en una aguda pobreza, fenómeno que también se ha conocido como “dualismo estructural”.

Por el contrario, en los países desarrollados el sector capitalista incorpora gradualmente al conjunto de la población y destruye sistemáticamente los sectores atrasados³ y despliega el potencial económico del trabajo. La diferencia entre el centro y la periferia corresponde a las respectivas estructuras sociales consolidadas al interior de cada nación.

La relación capital/trabajo determina la dinámica del crecimiento. En el centro, la mano de obra constituye a la vez un costo y un beneficio al capital porque es, una deducción de la ganancia y también la demanda para la realización de la producción. Estas condiciones generan la posibilidad de un “contrato social” en el centro que permitió indexar el salario real al aumento de la productividad (Amin, 1974). Por el contrario, en la periferia este “contrato social” se hace imposible debido a que la mano de obra representa solamente un costo al capital y no un beneficio, pues la producción está destinada a las clases de ingresos más altos y a la exportación, no al consumo popular. Así, la incorporación de la mano de obra en el centro, no sólo económico sino social y políticamente, es una condición para el crecimiento, en la periferia esto constituye una contradicción que trunca el desarrollo económico. El efecto sobre el campo es el estancamiento agrícola y la pobreza rural.

En la periferia los intereses agrícolas e industriales están plenamente integrados. La industrialización requiere salarios por debajo de su productividad y tasas de cambio sobrevaluadas para abaratar la importación de capital; tales distorsiones comerciales y de mercado dan como resultado términos de intercambio internos desfavorables para la agricultura, cuyo costo es transferido a los salarios distorsionando los precios relativos y las decisiones de los agentes económicos. Es decir, se produce una “distorsión social de los precios”, pues es preciso recordar que un sistema de precios funciona correctamente bajo la condición de libre concurrencia, y la configuración social expuesta se convierte en una traba o impedimento a la libre movilidad de los recursos. Entonces, debe reemplazarse el término de agricultura tradicional o atrasada por el de marginalidad funcional como compresión del problema con vista a solucionarlo.

De la anterior discusión, la presente ponencia plantea un enfoque alternativo denominado “economía política de los precios relativos” como síntesis de la discusión neoclásica–radical. Los precios relativos además de proveer información a los mercados sobre la relación económica entre la oferta y demanda, refleja relaciones sociales de producción. Cuando los precios se desenvuelven libremente, el mercado penaliza los agentes ineficientes, retribuye como clase social al capital y el trabajo de acuerdo a su contribución y ajusta la producción al consumo. En este proceso ciertos grupos o clases sociales se pueden ver perjudicados hasta el punto de desaparecer como tal; así, si estos grupos o clases tienen acceso al poder político, propenderán por conservar su beneficio económico y status social, distorsionando los precios relativos a su favor por medio de diferentes mecanismos, dependiendo de las condiciones históricas y sociales en particular.

Para el estudio del problema agrario en Colombia, es necesario el análisis de economía política que establezca la organización social y el problema de la distribución del excedente económico entre las diferentes clases sociales. El atraso y la marginalidad se configuran como trabas al pleno desarrollo de las fuerzas productivas (avance de la ciencia, la técnica, aumento de la productividad, etc.) que entran en contradicción con las relaciones sociales de producción cuyo interés es perpetuar ciertas condiciones de dominación (Marx, 1857). Una vez establecidas las condiciones económicas, sociales y políticas, el modelo de Innovación Inducida propuesta por Hayami y Ruttan, ofrece los mecanismos de política idóneos para el desarrollo agrario que redundará positivamente en el conjunto del desarrollo económico sostenible, integral, equitativo e incluyente. Se busca que los precios relativos reflejen la escasez relativa de los factores y exista la libre movilidad del trabajo, el capital y la tierra para el desarrollo, para ello, como condición, es necesario transformar la estructura social misma.

Siguiendo el enfoque propuesto de la “economía política de los precios relativos”, se formula en consecuencia la implementación de una Reforma Agraria Integral para el desarrollo. En primer lugar, se intenta establecer con certeza las falencias que han imposibilitado una verdadera transformación del sector agrario, con mayor productividad e inclusión social. Posteriormente, se estructura la política agraria a implementar.

3. UN SIGLO DE REFORMAS TRUNCADAS

La clase terrateniente establecida en el latifundio rural heredó relaciones sociales de la colonia, la posesión de la tierra se considera como riqueza por sí misma y brinda el status social. Si los precios actuaran libremente en el sector agrícola y ganadero con libre movilidad de la mano de obra, la producción a pequeña y mediana escala sería más eficiente al utilizar el recurso más abundante, el trabajo, transferido desde el latifundio. El precio de los alimentos y de las materias primas disminuyen. El mercado en esta situación penalizaría el latifundio y lo haría económicamente inviable, poniendo en riesgo la estructura de propiedad y el status social de la clase terrateniente. De esta manera, esta clase utiliza el poder político que posee para acaparar la mayor cantidad de tierra posible, minar la producción campesina limitándola al nivel de subsistencia por medio de la importación de bienes agrícolas que restringe la salida del producto al mercado, sumado al rezago técnico en la producción y en las vías de comunicación e infraestructura y dejándole las tierras de peor calidad; además, de sujetar la población campesina por medio del paramilitarismo. Por lo tanto, el precio de los bienes agrícolas aumentan, se deprime el nivel de salario e inversión, aumenta el desempleo y la pobreza rural; el resultado es el atraso generalizado en el campo. Se pierden los incentivos para la utilización eficiente de la tierra, es un sistema económico irracional.

El mercado externo sirve entonces como sustento para desarrollar la producción favorable a las características del latifundio: intensiva en tierra y/o capital y escasa de mano de obra, como es la ganadería, el cultivo de cereales y la palma africana. De tal forma, se incrementa la demanda por capital y tierra, mientras el empleo rural se deprime aun cuando es el factor abundante. La retribución al capital y la tierra se incrementa artificialmente y el excedente económico es apropiado por la clase terrateniente.

Ahora bien, los programas de desarrollo rural y de reforma agraria implementados hasta hoy funcionan como simple aliciente a las contradicciones económicas y sociales generadas por el modo de producción. Persiguen por lo general dos objetivos cuya importancia relativa depende de las condiciones históricas particulares: un objetivo de producción para aliviar las presiones en la balanza de pagos y reducir el costo de la mano de obra, y un segundo objetivo de carácter distributivo, con el fin de la integración social de sectores potencialmente revolucionarios que pondrían en riesgo el statu quo. El límite de las Reformas agrarias implementadas está en los intereses de los grupos que la formulan al interior del Estado y en consecuencia, la estructura latifundista de la propiedad de la tierra se mantiene y los efectos sobre la producción, la productividad y el nivel de vida de la población campesina ha sido insignificante (De Janvry, 1981).

El primer intento serio y coherente de Reforma Agraria se da con la Ley 200 de 1936. El triunfo y la consecuente hegemonía conservadora hizo necesario la alianza de la burguesía liberal con el movimiento indígena y campesino para implementar las reformas económicas e institucionales acordes con sus intereses. Con la Ley en mención, el liberalismo proyectó la modernización del campo atacando directamente el latifundio. Sin embargo, la Ley 100 de 1944, promulgada por el mismo partido liberal y aprobada en el congreso por el partido conservador, refuerza nuevamente la dependencia de los campesinos con el latifundio por medio de la aparcería. El latifundio buscó con esta nueva ley recuperar la tierra conferida a los campesinos favorecidos con la Ley 200. Este retroceso incidió de manera importante en la violencia desatada en el campo a finales de la década del cuarenta y principios del cincuenta.

La Ley 135 de 1961 se constituyó en el marco de la Alianza para el Progreso impulsada por los Estados Unidos. El objetivo era el adormecimiento de las luchas populares en América Latina como manera de contener el avance soviético y la reciente Revolución Cubana. La Ley 135 creó el Incora cuya función principal era la de expropiar tierras y pagar por ellas al terrateniente. Sin embargo, las tierras adjudicadas a los campesinos eran de la periferia agraria, y por lo tanto, su efecto fue marginal a los objetivos trazados.

Finalmente, con el conjunto de leyes posteriores, como la Ley 1^a de 1968, 4^a de 1973, 6^a de 1975, 35 de 1982, 30 de 1988 y 160 de 1994, se entierra la posibilidad de afectar la gran propiedad y el desarrollo de una reforma agraria favorable al campo y al desarrollo. Se refuerza institucionalmente el latifundio, la aparcería y la especulación de la tierra improductiva. Se fortalece la colonización en la frontera agrícola por medio de la titularización de baldíos, pero cuyas tierras no son aptas para el cultivo -su ubicación es generalmente insertada en las montañas, de mala calidad y marginal a los centros económicos-, junto con el abandono total del Estado. Adicionalmente, propicia la destrucción de las reservas ecológicas del país y las fuentes hídricas al deforestar el área del nacimientos de los ríos.

El desarrollo humano y social de la población campesina queda limitado a la caridad pública a través de programas como el PAN, DRI o PNR que son básicamente de asistencia social, pero que no proveen una solución estructural al problema agrario y generalmente son desarticuladas, incoherente y de corto plazo.

El coeficiente GINI de la concentración de la propiedad de la tierra en 1970 era de 0.87 y para 1998 llegó a 0.92, teniendo en cuenta que 1 es la máxima concentración posible de la tierra. Se estima que el 1.5% de la población posee el 80% de la tierra productiva. Esta estructura inequitativa incide sobre la eficiente utilización productiva, pues de la superficie apta para la agricultura se calcula que el 90% de la tierra está siendo inadecuadamente explotada.

Según el Banco Mundial, el 80% de la población campesina vive por debajo de la línea de pobreza y el 33% sobrevive en condiciones de miseria. El campo carece de infraestructura adecuada y de inversión en salud y educación. La escasa inversión estatal se concentra en el subsidio al latifundio ganadero, la agroindustria y la agroexportación. No existe una política clara para el campo colombiano.

El periodo de apertura económica de los años noventa fue realmente devastador. El total de hectáreas de área agrícola sin café pasó de 4’600.000 en 1994 a 3’000.000 en el 2005, millón y medio de hectáreas menos. El área sembrada de trigo y sorgo pasó de 48.000 a 25.000 hectáreas y de 218.000 a 78.000, respectivamente, entre 1994 y 2005. En general, a excepción de los cultivos permanentes, la mayoría de las actividades se encuentran en franco retroceso. El desempleo rural en el último año perdió 9% y 100.000 hectáreas se han dejado de cultivar entre el 2005 y el primer semestre del 2006 (Portafolio, 11 de agosto de 2006).

Este retroceso se asocia al rezago de actividades mano de obra intensivas, mientras que la ganadería y la siembra de palma africana y arroz se han incrementado de manera sostenida. Estas últimas son de rendimientos a largo plazo, generan poco empleo y fomentan la especulación de tierra. Por ejemplo, en el Chocó los palmicultores, por medio del paramilitarismo, se han apropiado ilegalmente de tierras pertenecientes a las comunidades negras, arrasando su forma de vida y el medio ambiente, pues de zona boscosa han arruinado el sistema ecológico para abrir planicies aptas para la siembra de la palma africana.

Por otra parte, los cultivos ilícitos se constituyen como tabla de salvación de miles de familias campesinas ante la imposibilidad de llevar al mercado sus productos, aun cuando el beneficio que le corresponde al campesino es exiguo. Según datos de la DEA, por cada 100 US$ pagados por el consumidor en Estados Unidos por la droga, 4 o 5 US$ se queda el intermediario colombiano y entre 2 o 3 US$ le corresponden al productor.

La actual política estatal para el sector agropecuario consiste básicamente en cinco puntos: garantizar un mayor acceso al crédito para los productores, política de subsidios, promover la empresarización del sector, impulsar una política de tierras y abrir mercados para los productos nacionales (Cuéllar, 2005). Sin embargo, el 81% de los recursos del programa de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) se destinaron solamente a cultivos permanentes en 2004 y no ha incidido en la modernización económica, y el costo de financiamiento para el pequeño productor sigue siendo muy elevado.

Frente a la política de tierras los esfuerzos van encaminados a mejorar el recaudo de los impuestos ya existentes, pero continúa la misma complacencia con el latifundio y no hay propuestas de carácter estructural.

Frente a la política de subsidios, aunque aumentó en más del 100% las ayudas del gobierno al sector agropecuario para 2005 ($387.178 millones), $150.000 millones son para el Incentivo de Cobertura Cambiaria (ICC), $60.000 millones para los algodoneros, $40.000 millones para la producción de maíz y $45.000 millones para el ICR. Es decir, el 76% de los subsidios benefician nuevamente a pocos productos y en general al latifundista; en lugar de establecerse subsidios transversales con un alto retorno económico social y económico como infraestructura o investigación agrícola.

El cuarto punto es la empresarización del sector que contempla la lógica de rentabilidad, disminución de los costos y eficiencia productiva. Pero, surge una evidente contradicción, pues esta política es aplicada solamente a los pequeños y medianos productores mientras que los productos ya mencionados se les incrementa la ayuda de asistencia técnica y financiera.

Por último, el gobierno nacional busca la firma del TLC con Estados Unidos, y aunque aún es muy prematuro para dar un veredicto respecto al resultado de éste, sí parece responder a la necesidad de exportar excedentes de actividades como el aceite de palma, el maíz y el arroz. La presión de la apertura comercial viene de grupos y no de la sociedad en su conjunto. La firma del TLC se justifica por parte del gobierno central en el reducido tamaño del mercado interno, a diferencia del potencial del mercado Norteamericano. Pero, no se explica que el mercado es pequeño por la inequitativa distribución del ingreso y, por ello, la mejor salida es el mercado externo para evitar la redistribución de la riqueza al interior de la sociedad.

En resumen, el actual gobierno viene liderando procesos nada nuevos y respondiendo al mismo interés de los anteriores: viabilizar el campo sin cuestionar el latifundio, lo que genera en el largo plazo un estancamiento económico y social.

4. REFORMA AGRARIA INTEGRAL Y DESARROLLO

El enfoque de la “economía política de los precios relativos” establece que los precios asignan eficientemente los recursos escasos en una economía de libre concurrencia; sin embargo, es preciso establecer las condiciones sociales para la concurrencia y el despliegue de las fuerzas productivas que pueden verse estancada por relaciones sociales que favorece a grupos específicos en el poder. En Colombia, como ya se ha expuesto, el latifundio implica entorpecer la movilidad de la mano de obra, fomenta el desempleo rural, mantiene bajos salarios, la utilización de la tierra productiva es ineficiente y relaciones sociales son de carácter asistencialista, y como resultado, los precios se distorsionan. Llevar a cabo reformas convenientes al desarrollo agrario ha traído como consecuencia la oposición de la clase terrateniente que advierte la franca contradicción con sus privilegios políticos y económicos, constituyéndose en una traba al desarrollo⁴.

Una vez estén las condiciones sociales adecuadas (incluyentes, democráticas, solidarias, populares, autónomas e independientes), los agentes de la producción se readecuan a los nuevos incentivos. Los precios, ante la ausencia de la distorsión social, reflejarían, por lo tanto, la escasez relativa de los factores en la economía y la adecuada asignación de los recursos. Se establecería entonces la apropiada trayectoria para el desarrollo.

En lo concreto, Colombia goza de una gran variedad topográfica, climática y de riquezas naturales. La senda correspondiente al desarrollo no será única a la nación en su conjunto, sino que por el contrario debe responder a las condiciones particulares de las diferentes regiones del territorio. El trabajo junto con la tierra constituyen los recursos relativamente abundantes. La topografía, el clima, el acceso a fuentes hídricas y la fertilidad del suelo, constituyen las variables a considerar. Por ejemplo, las zonas de montaña impiden la utilización de maquinaria a gran escala por lo que se hace necesario el uso intensivo de mano de obra, mientras que en la zona del valle del río Magdalena o los llanos orientales es posible la implementación de capital a gran escala. En esta dinámica, el capital se concentrará en las regiones que le serán favorables mientras que el trabajo hará lo propio.

A continuación se expone a grandes rasgos, la agenda propuesta para lograr una Reforma Agraria Integral cuya particularidad es atravesada por dos principales líneas: la primera, consiste en incorporar al conjunto de la población rural por medio de procesos de cambio en la estructura política y social; la segunda, crear el marco adecuado para el desenvolvimiento de los precios relativos y garantizar la existencia de la libre concurrencia.

Así, es claro que una reforma agraria que responda a la necesidad del desarrollo y al bien-estar de la población campesina debe incorporar los grupos marginados, social y políticamente, a las decisiones estratégicas del desarrollo (De Janvry, 1981). La incorporación se lleva a cabo en un proceso de abajo hacia arriba donde los actores sociales se reconocen a sí mismos como ciudadanos con derechos sociales y políticos. Por el contrario, las anteriores reformas agrarias y actuales programas de desarrollo rural integran a la población campesina en un proceso de arriba hacia abajo, en donde los grupos más poderosos promueven beneficios hacia la población marginada, con la intención de mejorar las relaciones sociales entre los grupos incorporados y no incorporados, no implica un cambio social estructural. El resultado es la asistencia y la caridad con el campesino cuyo secuela son relaciones de dependencia y fidelidad política a varones electorales.

La agenda para una Reforma Agraria Integral consta de tres puntos fundamentales. El primero de ellos hace referencia a la adecuada estructura de la propiedad de la tierra productiva y los límites respectivos para la conservación del medio ambiente y los recursos hídricos y forestales. El segundo punto de la agenda se refiere a la formulación de la política agraria que el Estado ha de implementar. Por último, se discute la pertinencia del mercado externo como componente para el desarrollo agrícola.

Estructura de la propiedad sobre la tierra productiva

El primer punto de la agenda para una Reforma Agraria Integral consiste en llevar a cabo una transformación estructural de la propiedad de la tierra con el objetivo de entregarla a quien la trabaja. De esta manera, se trata de transformar el área de tierra improductiva a tierra productiva incorporando mano de obra, capital e investigación. Como mecanismo, es necesario establecer un impuesto a la tierra de acuerdo al área de terreno determinada. Por lo tanto, o bien se destina la tierra a actividades productivas o las mismas se venden en el mercado de cuyos nuevos propietarios tienen incentivos de destinarlas a la producción⁵. Este impuesto, contrario a disminuir la inversión en el agro, enfocado de manera correcta es un estímulo a la producción.

Asimismo, se pretende limitar la propiedad de la tierra en función de la calidad del suelo, el tipo de cultivo, la región, la infraestructura física y el acceso a los mercados para una óptima utilización de la tierra. Tampoco se intenta atomizar la propiedad que traería consigo pérdida de eficiencia.

Ahora bien, es también importante establecer una clara frontera agrícola para que las tierras reasignadas sean verdaderamente aptas para la producción agrícola, según el ramo de la actividad productiva (cultivos agroindustriales, ganadería, minería, etc.) y garantizar la conservación de los recursos naturales.

Nueva política agraria

En este punto es pertinente discutir el papel del Estado dentro del sistema productivo. Es evidente la necesidad del mercado como institución social que agencia y regula las decisiones individuales de las unidades productivas, empresas y familias. Sin embargo, no todas las decisiones son de carácter privado, existen decisiones de carácter público porque afectan al conjunto de la sociedad y a cada uno de los individuos⁶ (Giraldo, 2003). Este tipo de decisiones deben ser agenciadas por el Estado como garante del bienestar general de la sociedad, entre éstas, la inversión en infraestructura, educación, salud, pensiones, medio ambiente, comercio exterior y la participación en sectores estratégicos de la economía nacional.

Desde el punto de vista de la economía política, el Estado per se no es solución. Es necesario la construcción de un Estado de abajo hacia arriba, plural y democrático; libre de mafias electorales compuestas por terratenientes, industriales, banqueros y narcotraficantes al interior, como desafortunadamente ocurre en la actualidad. La construcción de este tipo de Estado corresponde a procesos políticos de transformación que la sociedad en su conjunto debe realizar. No es el propósito de la ponencia estudiar estos procesos políticos, se supone para el desarrollo de la exposición que la política agraria descrita es realizada por un proceso social renovado e interesado por el conjunto y no a beneficio de ciertos sectores.

El objetivo del Estado es incorporar socialmente al mercado como instrumento de desarrollo para el beneficio social. Es decir, se trata de revertir la lógica actual: de una sociedad y un Estado inoculado de la lógica del mercado, a un mercado apropiado por la sociedad por medio del Estado. Se cambia el orden de servicio funcional, de una sociedad al servicio del mercado a un mercado al servicio de la sociedad. La producción debe responder en última instancia al consumo social.

En este orden de ideas, el segundo punto de la agenda propuesta consiste en reconstituir la política agrícola nacional en los siguientes puntos:

1. Garantizar la autosuficiencia alimentaria de la población campesina al igual que la cobertura universal en salud.

2. Implementar un ambicioso programa educativo financiado por el Estado con el fin de lograr la formación técnica y profesional de la población rural.

3. Consolidar el mercado interno⁷ como fuente de crecimiento económico y evitar la salida del excedente al exterior cuyos ingresos son apropiados por los gremios –cafetero, ganadero, arrocero, de la palma, etc.-.

4. Establecer un reordenamiento territorial con base en regiones naturales con ciertas características físicas y climáticas. El plan de desarrollo debe ser regional y de cierta independencia del nivel central⁸. Su formulación, proyección e ejecución debe responder a la organización campesina y popular.

5. Mejorar la infraestructura vial, en puertos y de sistemas de irrigación. En este sentido se propone la integración de distintos medios de transporte con el fin de lograr la racionalización en los costes de transporte. En Colombia el transporte multimodal (carretera, ferrocarril y/o fluvial) llega a sólo el 5%, mientras en Europa llega al 60%. La mayor parte de la carga transportada es vía terrestre con mayores costos y limitada capacidad.

6. Estímulo a la pequeña, mediana y gran industria en función a la eficiencia técnica asociada al tipo de cultivo considerado.

7. Impulso de la autogestión campesina, la microempresa y la economía solidaria.

8. Democratización del crédito, la asistencia técnica y el mercadeo con objeto de favorecer la producción y neutralizar la economía especulativa de tierras.

9. Establecimiento de centros de experimentación agraria cuya actividad de investigación deberá estar asociada a la región establecida.

10. Declarar propiedad social, y administrada por el Estado, los recursos genéticos, la biodiversidad y los hidrocarburos.

11. Establecer áreas especiales para resguardos indígenas y comunidades negras cuyo desarrollo y organización sea autónomo. Las tierras adjudicadas deberán ser de condiciones óptimas y no de mala calidad, marginadas o propensas a inundaciones, como sucede actualmente.

Como puede observarse, la gran mayoría de los puntos propuestos han sido ya planteados por los diferentes gobiernos y entidades multilaterales para el desarrollo. Sin embargo, estos programas se han caracterizado por su fragmentación y la corrupción que desvía los recursos necesarios para su cumplimiento. La novedad consiste en construir un programa de largo plazo, articulado y coherente. Este proceso plantea la necesidad de trascender la evaluación económica y saltar al proceso político como el direccionamiento de los recursos públicos, pues se recordará que los recursos son escasos y la decisión respecto a su distribución e inversión corresponde al movimiento social.

Pertinencia y lugar del mercado externo

Finalmente, el tercer punto propone priorizar la producción agrícola a las necesidades internas de consumo como asunto estratégico del desarrollo sostenible. El mercado externo serviría como escape al excedente generado en la producción, mas no como determinante de la producción.

El actual modelo agroexportador tiene como esencia perpetuar relaciones sociales de producción atrasadas –excluyentes, burocráticas, dependientes y corruptas- al favorecer el latifundio y el monocultivo intensivo y/o ganadería. Busca conducir la producción al mercado externo con el fin de realizarla sin la necesidad de estimular la demanda interna que implicaría por antonomasia la apertura democrática y la justa distribución del excedente económico. Sumado a lo anterior, presenta las siguientes falencias para el desarrollo:

• Al someterse la producción al mercado externo, los precios informan sobre la demanda en relación a la oferta de un bien particular, pero desconoce si las condiciones ambientales de producción son las adecuadas. Así, se introducen especies diferentes a las nativas y, por lo general, causan desequilibrios en el sistema ecológico. La asignación de los recursos es ineficiente, pues no se contabiliza los costos reales del agotamiento de los suelos y fuentes hídricas.

• La economía del país se hace más vulnerable a los choques producidos en los precios de los productos nacionales, el poco empleo generado se destruye y la disponibilidad de divisas para la importación se reciente, se merma la capacidad de consumo y el crecimiento de la economía.

• La producción agrícola se fuga y el ingreso generado es apropiado por los gremios. El grueso de la población carece del acceso real a los productos provocando el aumento de la pobreza, elevando los niveles de desnutrición y agudizando los conflictos sociales.

• Se refuerzan relaciones de dependencia obrero/patronales en el campo, visualizados en el sistema político y el mantenimiento del control de la población por medio de estructuras paramilitares.

El comercio exterior, limitado a los excedentes de la producción agrícola que no son absorbidos por la demanda interna tienen las siguientes ventajas:

• Al establecerse cierta independencia de los precios internacionales, la producción agrícola corresponde a las condiciones climáticas y de terreno y los recursos, en términos ambientales, son utilizados correctamente.

• La oferta debe necesariamente equipararse a la demanda interna, lo que implica la distribución equitativa del ingreso. Y la distribución del ingreso en sí tiene efectos positivos sobre la convivencia social y el desarrollo económico.

• Los ingresos generados son una ganancia neta al prescindir de la dependencia a la demanda externa y los efectos de los choques exógenos. La demanda y el empleo son más estables, se reduce el nivel de incertidumbre en los mercados y se fortalece la inversión a largo plazo y de mayor rendimiento económico. Pueda que se pierda algo de crecimiento por coyunturas en los precios internacionales, pero se evita asimismo la caída profunda y sorpresiva de los mismos. Se gana en desarrollo sostenible.

Los argumentos que enfatizan sobre los supuestos problemas en la eficiencia de la producción y la competitividad adolecen de un gran error. Como lo ha señalado Paul Krugman, los países no son empresas que compiten por un mercado. Es claro que son sociedades donde el bien-estar es el objetivo a cumplir. La producción debe responder a las necesidades sociales y privadas del consumo, pues carece de sentido producir grandes cantidades cuando, a causa de las relaciones sociales establecidas, la gran mayoría de la población no tiene acceso al consumo. Los países desarrollados entienden perfectamente esta relación al proteger decididamente su producción agrícola y el mercado interno, como bien ocurrió con el fracaso de la cumbre de Doha donde se reunían las principales economías desarrolladas quienes negaron la petición de los países más pobres (que sí han abierto sus economías) de desproteger sus respectivos sectores agrícolas.

Una vez establecida la agenda considerada en sus tres puntos fundamentales, la libre movilidad del trabajo y la eficiente asignación de los recursos traerá aparejado cambios sustantivos en los precios que darán al mercado la información adecuada respecto a los incentivos a la inversión y el empleo. El proceso revierte en un círculo virtuoso que libera las fuerzas productivas necesarias para el desarrollo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso de desarrollo económico no pasa solamente por el crecimiento per se del producto o el traspaso de recursos y población del campo a la ciudad. Es un proceso complejo de interrelaciones sociales cuyo último fin es el bien-estar material y espiritual de los individuos que viven y producen en sociedad.

Colombia a través de su corta historia como nación soberana no ha logrado consolidar un proceso continuo y de largo plazo que le lleve al desarrollo económico. El diagnóstico no es ausencia de recursos ni de ahorro ni tecnología, mucho menos la solución es la implantación de recursos y tecnologías exógenas a la economía. Se propone una visión, que parte de la economía política y el modelo de Hayami y Ruttan, que concibe el desarrollo como un proceso endógeno a la sociedad, tanto en recursos, tecnología y ahorro. Se denomina “economía política de los precios relativos” al estudio de las condiciones bajo las cuales se forman los precios relativos considerando las relaciones sociales instituidas entre los individuos sociales que pueden distorsionar los mismos.

El análisis de economía política es fundamental para establecer las relaciones sociales que entorpecen el libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Una vez constituidas nuevas relaciones sociales que en lo particular den espacio a la participación popular, se crean las condiciones para la libre movilidad de los recursos y su asignación eficiente entre las diversas ramas de la actividad económica. Implica un proceso político del conjunto de la sociedad colombiana.

Se propone una Reforma Agraria Integral cuya base es el desarrollo autónomo e independiente de la nación colombiana de acuerdo a las características propias de capital, trabajo y condiciones naturales, fundamentado a su vez en tres pilares: cambio estructural en la propiedad de la tierra, una nueva política agraria de carácter transversal con especial atención a la infraestructura y la innovación tecnológica, y definir claramente el mercado externo como intercambio del excedente económico una vez satisfechas las demandas sociales de consumo, no como estrategia de crecimiento.

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1 Ahora bien, si la agricultura dentro del país no es capaz de suplir la demanda para el desarrollo industrial, se hace necesario la apertura de mercados que permita la importación de los mismos a menor costo. Pero el problema no cambia su naturaleza, el campo sigue siendo una prioridad para el desarrollo.

2 La migración campesina del campo a la ciudad está determinada por la mano de obra excedente a causa del aumento gradual de la productividad.

3 La coexistencia de relaciones económicamente atrasadas con las modernas ha sido antagónica en los países desarrollados. Recuérdese la Ley de Granos propuesta por David Ricardo para librar la acumulación industrial de las trabas terratenientes; la Guerra de Secesión en los Estados Unidos entre los estados del norte (industriales) y los estados sureños (terratenientes) con el fin de liberar mano de obra asalariada, o la violenta reforma agraria en Francia que descabezó, literalmente, la monarquía feudal.

4 El actual conflicto interno responde en la composición de sus actores a las contradicciones de la estructura agraria nacional: la guerrilla es de base campesina y los programas de cambio social por ellos propuestos enfatizan en la democratización del acceso de la tierra y el desarrollo agrario; mientras que los paramilitares representan la clase terrateniente y narcotraficantes cuyo objeto es el mantenimiento de las actuales condiciones sociales. La solución del conflicto implica resolver las causas históricas y sociales de la confrontación armada.

5 El proceso de colonización del oeste Norteamericano se hizo con reglas muy claras referentes a la propiedad de la tierra. El nuevo poseedor tenía el derecho de apropiar la tierra que quisiere, pero igualmente, la obligación de pagar impuestos de acuerdo al tamaño de la granja. Ante la escasez de mano de obra, la unidad familiar se constituyó también en unidad económica en la producción agrícola, o family makers, y demarcó el límite económico de la propiedad territorial. Se democratizó la propiedad de la tierra y la estructura productiva respondió a las condiciones económicas, generó crecimiento sostenido, desarrollo y democracia.

6 Se refiere al control y/o regulación social del monopolio natural y las externalidades –positivas y negativas- que el mercado no es capaz de solucionar.

7 Cabe anotar que los países desarrollados han basado en buena medida sus niveles de crecimiento en el mercado interno. Actualmente, solamente el 10% de la producción de Estados Unidos se destina al comercio internacional, mientras que el 90% restante se cimienta en la demanda interna.

8 El actual proceso de descentralización llevada a cabo durante la década del noventa es incompleta. Si bien existe una descentralización política, el uso de los recursos, los programas de desarrollo y el cobro de tributos siguen atados a las disposiciones del Departamento Nacional de Planeación, DNP.

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